Desde el 2018, ingresaron a la reserva marina de Galápagos 136 embarcaciones de pesca industrial con bandera ecuatoriana, algunas de ellas fueron retenidas con pesca ilegal a bordo, afirmó Danny Rueda Córdova, director del Parque Nacional Galápagos, ante la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional.
A la comisión también compareció la fiscal general del Estado, Diana Salazar, para indicar el estado en que se encuentran los procesos de penales por pesca ilegal y además para solicitar reformas que permitan el juzgamiento en ausencia por los delitos ambientales.
El director del Parque Nacional de Galápagos, ante la comisión señaló que las islas tienen una regulación propia de las 40 millas reserva marina y sus aguas interiores, que poseen un registro pesquero que define el número de pescadores y el número de embarcaciones que pueden hacer actividad pesquera en Galápagos.
Ese registro pesquero, añadió, fue cerrado en el 2001 y a partir de ahí se mantiene el mismo número de pescadores y el mismo número de embarcaciones; esto es, 366 embarcaciones pesqueras registradas en Galápagos, de las cuales anualmente 250 ejercen actividad, y son 1.100 pescadores registrados, pero en la actividad pesquera actual solo participan 460; es decir, el 65% de los registrados no ejercer actividad pesquera.
Afirmó que existen presiones de parte de embarcaciones industriales de pesca nacionales, que no son de Galápagos. Desde el 2018 a la fecha se detectaron 136 embarcaciones de pesca industrial con bandera ecuatoriana que han ingresado a la reserva marina de Galápagos, las cuales fueron detectadas por el sistema de vigilancia del parque nacional. El detalle de cada una de las 136 embarcaciones localizadas, sus características y procedencia serán entregadas a la Comisión de Biodiversidad que investiga el caso.
Rueda aclaró que muchas veces los ingresos de esas embarcaciones a la reserva marina no necesariamente son por pesca, pues también tienen ingresos por daños de máquinas; es decir, tienen ingresos no voluntarios, pero recordó que ningún ingresos está permitido a la reserva marina de Galápagos. Varias de las embarcaciones, añadió, fueron retenidas por la Armada del Ecuador por haberse encontrado con pesca ilegal a bordo.
El director del Parque Nacional Galápagos reveló que el Ministerio de Ambiente conoce que un equipo científico trabaja al momento en un proyecto de ampliación de la reserva mariana o creación de una nueva área marina protegida que sería una zona económica exclusiva.
El equipo está trabajando desde junio pasado, al momento tiene avances y según se conoce el estudio estaría listo a fines de 2020; y una vez concluido el Ministerio de Ambiente tomará una decisión al respecto.
Reformas para juzgar en ausencia delitos ambientales
Diana Salazar, fiscal General del Estado, comentó que cuenta 269 fiscalías entre especializadas y multicompetentes que se dedican a investigar los delitos ambientes, de ellas, cuenta con ocho fiscalías especializadas en asuntos acuáticos: 3 en Guayas; 1 El Oro; 1 Esmeraldas; 1 en Santa Elena; y, 2 en Manabí.
En referencia a los casos en contra registrados en el 2019 de las embarcaciones Paloma, Larissa, María Bonita I y Juan Carlos II, la funcionaria, explicó que se encuentran con sentencia condenatoria tras la instrucción fiscal en la fiscalía multicompetente del cantón San Cristobal, por el delito contra la flora y fauna silvestre . Existen 31 personas sentenciadas que están cumpliendo una pena.
Con relación a la embarcación Fer Mary I, se inició la instrucción fiscal por el delito ambiental en la fiscalía multicompetente de San Cristobal, al momento se encuentran 16 personas con sentencia condenatoria, de las cuales 8 se encuentran prófugos. Indicó que aún no se puede llevar a cabo la audiencia de juzgamiento debido a que en este delito no puede ser juzgado en ausencia.
También la misma embarcación Fer Mary I, se encuentra en investigación por el delito contra la flor ay fauna en la unidad multicompetente del cantón Santa Cruz. Está en investigación previa y se mantiene reserva legal.
La Fiscal General del Estado planteó algunas propuestas de reformas para la prevención y sanción de delitos contra la biodiversidad. Primero, una relacionada con el tema administrativo a fin de lograr un incremento presupuestario para lograr una mayor especialidad por este tipo penal, fortalecer la cooperación interinstitucional.
Segundo, indicó que se hace necesario que se reforme la normativa para garantizar el juzgamiento en ausencia contra delitos del medio ambiente y la naturaleza, para evitar la impunidad. Adicionalmente, el Código Penal no contempla la reparación integral para personas jurídicas en delitos contra el medio ambiente, lo cual es importante pensar en un procedimiento diferenciado para la investigación de este tipo de delitos.
Respecto a la retención de una embarcación con 26 toneladas de aletas de tiburón en Hong Kong, provenientes de Ecuador, la Fiscal del Estado, indicó que el caso se encuentra en investigación previa y que no puede revelar mayores detalles. (I)